• Las normas del presente capítulo se refieren a la función de investigación penal ejecutada por el personal uniformado y por el personal especializado en investigaciones. Dichas normas reflejan la perspectiva de discreción que ejercen los organismos para determinar el grado de especialización necesario para cumplir con esta función.

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• En ellas, se prevén los programas administrativos y operativos que deberían conducir al logro de investigaciones penales eficientes y eficaces. Este enfoque no está dirigido a las funciones de investigación del organismo de cada categoría penal específica, como homicidio, violación, robo, etc., sino que más bien identifica a los elementos comunes de todas las investigaciones.

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• En el entorno actual, los organismos de orden público de todos los niveles reconocen su propio interés en los esfuerzos de inteligencia criminal de orden público internacional, el cual se suma a sus responsabilidades habituales de lucha contra el delito en sus comunidades. Dentro de cada organismo, la función de inteligencia criminal generará la capacidad de reunir, analizar, proteger y compartir información creíble y oportuna.

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• Asimismo, proporcionará la inteligencia necesaria para identificar, investigar, prevenir y disuadir las actividades delictivas y terroristas, tanto a nivel nacional como internacional, así como para proteger la seguridad de la nación y velar por los derechos y las libertades de todos sus ciudadanos.

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• Las normas de este capítulo están estrechamente relacionadas con las temáticas abordadas en otros capítulos, incluidos los operativos de control de vicios, drogas y crimen organizado; el análisis y la inteligencia delictual; y la recolección y preservación de pruebas. Los organismos pueden abordar estas funciones en forma independiente o combinarlas de acuerdo con sus necesidades de servicio. En otros casos, en especial cuando se trata de entidades más pequeñas, todas estas responsabilidades pueden recaer sobre la función de investigación criminal.